La sostenibilidad, ha dejado de ser una cuestion únicamente reputacional para convertirse en una obligación legal, estratégica y ética para algunas empresas del sector.
Desde Europa, las directivas europeas marcan el rumbo de una transformación profunda que redefine la forma en la que las organizaciones deben operar, producir y rendir cuentas. No se trata solo de cuidar el planeta: se trata de competir, innovar y mantenerse relevantes en un mercado global que exige cada vez más responsabilidad y transparencia.
¿Qué son las directivas europeas?
Las directivas europeas son instrumentos legislativos que fijan objetivos comunes para los Estados miembros de la Unión Europea, dejando en manos de cada país la forma de implementarlos a nivel nacional. En materia de sostenibilidad, estas directivas actúan como una hoja de ruta que obliga a los sectores productivos a transitar hacia modelos más justos, resilientes y respetuosos con el entorno.
En los últimos años, y especialmente tras el impulso del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, la UE ha desplegado un ambicioso paquete normativo que afecta directamente a las empresas, independientemente de su tamaño. Destacan especialmente la Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD), la Directiva (UE) 2024/1760 (CSDDD) y el Reglamento (UE) 2020/852 sobre la Taxonomía Verde, junto con el paquete Ómnibus, que actualiza otras normativas clave.
CSRD: medir y reportar con rigor
La Directiva (UE) 2022/2464, conocida como CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), es probablemente la más significativa. Sustituye a la antigua NFRD (Directiva de Información No Financiera) y amplía de forma sustancial el número de empresas obligadas a reportar sobre su sostenibilidad. Pasamos de unas 12.000 empresas a más de 50.000 en toda la UE.
Pero el cambio no es solo cuantitativo. La CSRD introduce el principio de doble materialidad, lo que implica que las empresas deben reportar tanto sobre cómo afectan al entorno social y ambiental, como sobre cómo estos factores les afectan a ellas. Además, será obligatorio verificar externamente esta información, acercando el informe de sostenibilidad al mismo nivel de exigencia que los estados financieros.
Se establecen Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS) para armonizar los datos reportados y garantizar la comparabilidad entre países y sectores. El enfoque pasa de contar lo que se hace, a medir, demostrar y verificar el impacto.
CSDDD: actuar y prevenir en toda la cadena de valor
La Directiva (UE) 2024/1760, conocida como CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), va un paso más allá. Obliga a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos que sus actividades puedan tener en los derechos humanos, el medio ambiente o las condiciones laborales a lo largo de toda su cadena de valor.
Esto incluye desde el cultivo hasta la distribución, pasando por proveedores, subcontratistas y filiales. El objetivo es claro: que las empresas no solo controlen su impacto directo, sino que asuman la responsabilidad de toda su huella empresarial, allí donde se produzca.
Reglamento (UE) 2020/852: la Taxonomía Verde
El Reglamento (UE) 2020/852, conocido como Taxonomía Verde, define qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental. Establece criterios técnicos que permiten clasificar las inversiones y operaciones según su contribución a los objetivos climáticos y ambientales de la UE.
Esta clasificación es clave para evitar el “greenwashing” y orientar tanto a las empresas como a los inversores hacia decisiones más responsables. La taxonomía afecta especialmente al acceso a financiación verde, bonos sostenibles y fondos públicos vinculados al cumplimiento de estándares ambientales estrictos.
El paquete Ómnibus: simplificación y trazabilidad
En paralelo, el paquete Ómnibus ha introducido una serie de modificaciones legislativas que afectan a la agricultura, la pesca y la alimentación. Estas reformas buscan alinear los reglamentos existentes con los principios del Pacto Verde, facilitando la transición hacia una agricultura más sostenible y digitalizada.
Entre los cambios más relevantes están:
- Nuevas exigencias en materia de trazabilidad y etiquetado, para reforzar la confianza del consumidor.
- Incentivos a la gestión eficiente del agua, la energía y los insumos agrícolas.
- Revisión de las normas de uso sostenible de fitosanitarios.
Este paquete legislativo permite a las empresas anticipar riesgos, acceder a nuevas oportunidades de financiación y demostrar su compromiso con una alimentación más segura y responsable.
Adelantarse a la normativa: una estrategia inteligente
Aunque muchas de estas normativas están diseñadas para aplicarse de forma progresiva y contemplan exenciones para las pymes, esperar a que sean obligatorias puede ser un error estratégico. Quienes se anticipan obtienen ventajas competitivas claras:
- Mejor posicionamiento ante clientes y distribuidores.
- Acceso preferente a ayudas y subvenciones.
- Mayor capacidad para responder a auditorías y requisitos de los mercados internacionales.
- Mejora de la reputación y atracción de talento.
El papel del Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop
Desde el Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop, ayudamos a nuestras cooperativas y empresas socias a interpretar y aplicar estas directivas de forma práctica. Nuestro enfoque se basa en tres pilares:
- Medir: Analizamos indicadores clave para conocer el punto de partida de cada empresa.
- Evaluar: Identificamos riesgos y oportunidades alineados con los marcos normativos europeos.
- Actuar: Diseñamos hojas de ruta realistas para mejorar el impacto ambiental, social y de gobernanza.
Esta metodología está permitiendo que nuestras cooperativas se posicionen como referentes de sostenibilidad, no solo cumpliendo la normativa, sino liderando el cambio de modelo.
Las directivas europeas en materia de sostenibilidad no son un obstáculo: son una guía para modernizar el tejido empresarial y construir un futuro agrario más justo, competitivo y alineado con los grandes retos del siglo XXI.
Para el sector agroalimentario, adelantarse a estas obligaciones no es solo una cuestión de cumplimiento, sino una palanca de innovación y diferenciación. Porque solo midiendo, evaluando y actuando podremos garantizar que la sostenibilidad no sea un discurso, sino una realidad tangible.
